El 18 de marzo de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que 46 personas han muerto mientras estaban bajo su custodia o en centros de detención desde el inicio del segundo mandato de la administración Trump.

Según la Kaiser Family Foundation (KFF), este número de muertes de personas detenidas durante 2025 superó el valor más alto registrado en más de dos décadas, y las muertes en 2026 están en camino de igualar o superar esa cifra.

Los datos respaldan esta afirmación y también indican que la población detenida por ICE ha crecido más de un 70%: de unos 39.000 al final de la Administración Biden a más de 68.000 en febrero de 2026, lo que refleja la intensificación de la política antiinmigración en Estados Unidos.

Según la KFF, ICE tiene un conjunto de obligaciones, pero «los centros de detención tienen un historial de cumplimiento inadecuado de los estándares de salud y seguridad, atención sanitaria insuficiente, falta de personal sanitario y supervisión limitada, lo que puede crear riesgos para la salud de los detenidos.»

Además de la negligencia, el artículo de la KFF señala que el creciente número de personas en centros de detención y el hacinamiento de estos también incrementan aún más los riesgos para la salud, especialmente en lo que respecta a enfermedades transmisibles como el sarampión y personas con enfermedades complejas. Esta evaluación se basa en los informes de ICE sobre muertes detenidas, comunicados de prensa y reportes recientes sobre cuestiones sanitarias en centros de detención.

Entre enero de 2025 y marzo de 2026, las 46 muertes bajo custodia de ICE afectaron principalmente a jóvenes o personas de mediana edad: 38 eran menores de 65 años y 21 menores de 45. Seis de las víctimas no tenían antecedentes penales ni cargos pendientes. La gran mayoría (36 muertes) ocurrieron con menos de tres meses de detención, incluyendo personas trasladadas a hospitales. En cuanto a los orígenes, 22 muertes fueron migrantes de México y Centroamérica, y 10 fueron asiáticos. La causa principal reportada fue el empeoramiento de condiciones de salud preexistentes (32 muertes), seguida de suicidio (9 muertes) y otras causas como accidentes (5 muertes). Es importante señalar que en al menos un caso, la clasificación de «suicidio» por parte de ICE divergió de la conclusión del forense local, que lo clasificaba como «homicidio debido a las acciones de los agentes de seguridad.»

En cuanto a los problemas y condiciones de salud en los centros de detención, además del escenario de hacinamiento severo, el artículo de la KFF también documenta un escenario de fallos en la atención médica y violaciones de los estándares básicos de atención. El aumento de arrestos, combinado con la falta de recursos y los retrasos en el sistema de pagos de contratos de salud, que estuvo inoperativo entre octubre de 2025 y abril de 2026, ha incrementado brotes de enfermedades como el sarampión en Texas y Arizona.

A estos elementos se suman informes de investigaciones y organizaciones no gubernamentales que señalan la falta de acceso a medicamentos recetados, condiciones de higiene deficientes, desnutrición, deshidratación, privación de sueño, maltrato a mujeres embarazadas e incluso abusos. Los niños y las mujeres embarazadas se vieron especialmente afectados, especialmente en una unidad de Texas donde más de la mitad de los detenidos eran menores, sin suficientes pediatras o psicólogos infantiles. Las mismas organizaciones afirman que, contrariamente a la política oficial que limita la detención de mujeres embarazadas a «circunstancias muy limitadas», en febrero de 2026 se detuvieron al menos 121 mujeres embarazadas, con informes de sujeciones excesivas, falta de atención prenatal e incluso intentos de deportación de embarazos de alto riesgo.

Fuente: Abril Abril.