El Gobierno de Rodrigo Paz apagó un incendio en la madrugada del viernes y mientras tanto el país arde por todos los flancos. Tras 12 horas de negociación —y una jornada de enfrentamientos entre cooperativistas mineros, gases lacrimógenos y dinamitazos en el centro de La Paz— el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, anunció que se alcanzaron acuerdos con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) en torno a tres ejes: material explosivo, transporte y acceso a combustibles.

Las movilizaciones del sector quedaron suspendidas. Lo que no quedó suspendido es la crisis política más grave que enfrenta Paz en sus seis meses de gobierno.

El acuerdo con Fencomin llegó mientras la Central Obrera Boliviana (COB) anunciaba su adhesión a las protestas y su secretario ejecutivo, Mario Argollo, reclamaba abiertamente la dimisión del presidente. «El pedido único que tiene el sindicato de trabajadores es la renuncia del presidente por la falta de capacidad de solucionar los problemas estructurales del país», declaró Argollo ante los medios.

La COB no es un actor menor: representa al conjunto del movimiento sindical boliviano. Que se sume al coro de quienes piden la salida de Paz es una señal de que el descontento ha dejado de ser sectorial para convertirse en sistémico.

El panorama completo es aplastante para el Ejecutivo. Hace 10 días, la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz instaló un bloqueo de carreteras «indefinido» con unos 20 piquetes simultáneos que cercan la sede de Gobierno. Los seguidores del expresidente Evo Morales iniciaron el martes una marcha de 190 kilómetros hacia La Paz —que arribaría el martes próximo— contra la propuesta de reforma constitucional de Paz y para exigir el cese de los procesos judiciales contra su líder.

Maestros y transportistas llevan semanas movilizados. El acuerdo con los mineros es un alivio táctico en medio de un derrumbe estratégico.

Para intentar contener la presión, el Gobierno firmó un decreto que entrega un bono extraordinario a la Policía —denominado «Reconocimiento Económico por el Bicentenario»— equivalente a casi un salario mínimo. El documento no menciona el monto.

La medida, leída en clave política, es lo que es: un pago para garantizar la lealtad del cuerpo que dispersó a los mineros a golpe de agentes químicos y que deberá seguir haciéndolo si las protestas continúan escalando.

¿Qué hay detrás del relato del «narcotráfico» que usa el Gobierno de Paz?

Ante la acumulación de frentes de conflicto, el Gobierno optó por un recurso clásico: señalar un enemigo externo. El vocero presidencial José Luis Gálvez acusó al expresidente Evo Morales y a sus aliados del Chapare de financiar las protestas con dinero del narcotráfico y de ejecutar un «plan macabro» para derrocar a Paz. «Bolivia no va a vivir secuestrada por políticos del Chapare que en alianza con el narcotráfico quieren tomar a la fuerza el poder», declaró en conferencia de prensa.

El problema con esa narrativa es que no explica por qué la COB —cuyo vínculo con el narcotráfico nadie ha argumentado— exige también la renuncia de Paz. Tampoco explica por qué los maestros, los transportistas o los campesinos de La Paz llevan semanas en las calles. Morales, por su parte, respondió sin mencionar las acusaciones del vocero: «Los indignados están movidos por su conciencia social y su bronca contra un gobierno que desde el primer día traicionó a sus electores y a la patria».

El recurso de criminalizar la protesta para evitar responder a sus causas tiene una historia larga en Bolivia, y rara vez funciona cuando las demandas vienen de tantos sectores a la vez.

¿Puede sobrevivir políticamente Rodrigo Paz a esta acumulación de conflictos?

El evismo anunció además que, según fuentes militares, el Gobierno estaría preparando la declaración de estado de sitio en La Paz y Cochabamba para detener a Morales. El Gobierno no confirmó ni desmintió el rumor. Si la versión es cierta, sería una escalada de consecuencias imprevisibles. Si es falsa, su sola circulación habla del nivel de tensión institucional que vive el país.

Lo que el Gobierno de Paz no puede desmentir son los hechos: en seis meses de mandato ha tenido que abrogar una ley de tierras bajo presión callejera, negociar de madrugada con mineros que presionaban en el centro de La Paz, pagar un bono extraordinario a la Policía para mantenerla fiel y enfrentar la demanda de renuncia de la central sindical más poderosa del país.

El acuerdo con Fencomin es real, pero nombrar eso un logro es confundir el apagón de un incendio con haber resuelto el problema que lo causó.

¿Por qué la ley 1720 fue un error político y social del gobierno de Paz?

El rechazo a la norma no fue una sorpresa. Sectores campesinos e indígenas advirtieron públicamente sus objeciones incluso antes de que el presidente la firmara.

La Ley de Tierras amenazaba con desactivar las protecciones constitucionales que blindan las Tierras Comunitarias de Origen y los Territorios Indígena Originario Campesinos frente a su incorporación al mercado de tierras. El dirigente Faifer Coaquira, al frente de la marcha, lo resumió con claridad: «La ley colocaba en situación de vulnerabilidad a los pequeños productores y facilitaba la concentración de tierras en pocas manos».

Que el Gobierno haya necesitado 27 días de marcha a pie, bloqueos, una vigilia parlamentaria y la confluencia de múltiples organizaciones para dar marcha atrás revela una clase política que no escucha —o que escucha solo cuando no tiene alternativa—.

¿Qué viene ahora y qué tan real es el compromiso de Paz con una nueva ley?

La ley 417, que abroga la 1720, fija un plazo de 60 días para que el Congreso «concierte y proponga» un nuevo marco normativo agrario. El anuncio presidencial de una norma «justa, equilibrada y para toda la patria» suena más a fórmula de salida que a hoja de ruta concreta.

Ningún mecanismo vinculante obliga al Ejecutivo a incorporar las demandas de los sectores movilizados en esa futura ley, y la historia reciente de Bolivia muestra que los plazos legislativos en materia agraria suelen dilatarse indefinidamente.

El sector agroindustrial de Santa Cruz —opuesto a la abrogación— aceptó el resultado, pero dejó clara su condición: cualquier nueva norma deberá contar con su participación activa. El equilibrio entre los intereses del agronegocio y la protección de las tierras indígenas es exactamente la misma tensión que Paz no supo gestionar con la ley 1720. Nada indica que esta vez vaya a resolverla mejor.

Mientras tanto, la federación campesina de La Paz fue más directa: ya no pide solo la derogación de la ley, sino la renuncia del presidente. El Gobierno esperaba que la firma desactivara las movilizaciones. Por ahora, solo ha desplazado el conflicto hacia un terreno aún más peligroso para Rodrigo Paz.

Fuente: Almaplus TV.