Cuatro relatores y mecanismos de Naciones Unidas enviaron una comunicación conjunta al Gobierno español donde expresan su “seria preocupación” por el archivo sistemático de las querellas estatales contra los crímenes de la dictadura franquista y la Transición. Los expertos de la ONU señalan de forma contundente que “mientras el Estado español no inicie investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos” del franquismo, el Ejecutivo “estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. El documento añade que el derecho internacional de los derechos humanos establece la “obligación de investigar y sancionar estas prácticas en todas sus esferas y niveles”, y advierte que no hacerlo puede “comprometer la responsabilidad del Estado en su conjunto”.

El pronunciamiento de la ONU responde directamente a una denuncia presentada por los colectivos de defensa de los derechos humanos Irídia y CEAQUA. Estas organizaciones civiles documentaron al menos 18 casos que los tribunales españoles bloquearon o archivaron inmediatamente después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Como ejemplo de este bloqueo judicial, el dossier recoge el caso del asesinato del trabajador Teófilo del Valle en 1974; la Audiencia de Alicante revocó la imputación del exministro de la dictadura Rodolfo Martín Villa esgrimiendo la Ley de Amnistía de 1977. Otro caso mencionado fue el de Julio Pacheco, cuyas denuncias por torturas policiales se tomaron en consideración por primera vez en septiembre de 2023, pero la causa terminó archivada poco tiempo después.

Según recoge elDiario.es, los relatores de la ONU recuerdan expresamente que los estándares internacionales “estipulan la imprescriptibilidad e imposibilidad de amnistiar” los crímenes de lesa humanidad, y que la aplicación de estas trabas jurídicas internas “estaría obstaculizando el acceso de las víctimas a un recurso efectivo”. El texto remitido al Ejecutivo incide de manera crítica en que, “si bien es importante asegurar que la justicia opere con respecto al principio de legalidad penal, el derecho internacional no permite la aplicación de plazos de prescripción o causales de extinción de la acción penal, tales como las amnistías” a este tipo de casos. Por ello, la observación internacional reclama al Estado español que transmita formalmente el comunicado a las autoridades judiciales del país para que apliquen los marcos internacionales vigentes.

Por su parte, el Gobierno español eludió asumir responsabilidades en su respuesta oficial remitida a la ONU. El Ejecutivo de Pedro Sánchez justificó la inacción judicial bajo el argumento de que “los tribunales actúan basándose en normativas penales internas” y conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, que en un auto de junio de 2024 ratificó que la legislación de memoria no permite investigar penalmente estos crímenes debido a la prescripción, la amnistía y la irretroactividad de las leyes penales. Asimismo, el Gobierno admitió que carece de estadísticas desglosadas sobre las querellas presentadas o archivadas alegando que la Estadística Judicial “no publica el desglose de datos sobre esta materia”. Para contrarrestar la denuncia de abandono de las víctimas, el Ejecutivo se limitó a detallar la actividad de la Fiscalía, destacando la red de 49 fiscales especialistas y la apertura de diez expedientes de seguimiento en 2024.

Esta nueva advertencia del organismo internacional se suma a los requerimientos idénticos que la ONU ya dirigió formalmente al Estado español en los años 2014, 2015, 2024 y 2025 para frenar la impunidad jurídica de los responsables de la dictadura. Aunque el pasado mes de abril la ONU valoró «de forma positiva» la creación administrativa de una Comisión de la Verdad en el Estado español, los relatores insisten en que estas comisiones no sustituyen en ningún caso la exigencia de responsabilidades penales en los tribunales, la reparación integral a las familias ni la búsqueda activa de las personas desaparecidas.

El escrito internacional está firmado de manera conjunta por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Fuente: Diario Socialista.