La Fiscalía de Bolivia emitió, el miércoles (29), una nueva orden de detención contra el expresidente Evo Morales. Se le acusa de «terrorismo» y «levantamiento armado» por su apoyo a las movilizaciones y los bloqueos de carreteras que paralizaron el país durante más de 50 días entre mayo y junio.

El fiscal general del estado, Roger Mariaca, confirmó la medida. La orden fue emitida por el fiscal Brayan Melgar a raíz de una demanda presentada a principios de julio por el Comité Cívico Pro-Santa Cruz, una organización de extrema derecha de la oligarquía boliviana que participó en las sucesivas campañas de golpe contra Morales.

Las autoridades buscan responsabilizar al expresidente por los más de 80 bloqueos registrados durante las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz. Las manifestaciones fueron impulsadas por el aumento del coste de la vida, la escasez de combustible, las medidas económicas gubernamentales y la nueva legislación sobre propiedades rurales.

Morales dijo que el gobierno intenta culparle de las movilizaciones para desviar la atención de la crisis económica y social. En una publicación en X, citó la falta de combustible, el aumento de precios, la inseguridad y el crecimiento del narcotráfico.

«No nos intimidarán. Seguiremos luchando junto al pueblo, como siempre lo hemos hecho, con la convicción de que Bolivia merece un camino diferente: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todos», declaró.

Según el expresidente, los procesos judiciales y la persecución política no resolverán los problemas que enfrentan los bolivianos. Morales también afirmó que su posición seguirá siendo mantenerse del lado de los sectores afectados por la política dictatorial del gobierno.

Esta es la segunda orden de arresto en vigor contra él. La policía boliviana ya lo estaba buscando debido a un caso sobre un presunto tráfico de personas que involucraba a un menor. Morales niega la acusación y denuncia el caso como persecución política, lo cual es evidente.

Estado de excepción contra la población

Las protestas comenzaron en mayo y reunieron a trabajadores, campesinos, transportistas y otros sectores populares. Además de la derogación de las medidas neoliberales y campesinas, el pueblo boliviano comenzó a exigir la dimisión de Rodrigo Paz y la convocatoria de nuevas elecciones.

Los bloqueos golpearon carreteras estratégicas y agravaron los problemas de suministro. El gobierno aprovechó los efectos de las huelgas para atacar a los manifestantes, ocultando que la falta de combustible, medicinas y alimentos fue una de las razones que llevó a la población a salir a las calles.

En junio, Paz decretó el estado de emergencia y autorizó el uso de las Fuerzas Armadas para liberar las carreteras. La respuesta a las demandas populares fue, por tanto, una operación militar.

Ahora, la acusación de «terrorismo» busca proporcionar una justificación legal para ampliar esta represión. Al atacar a Morales, el gobierno pretende convertir toda la rebelión contra su política en una actividad criminal.

Bloquear carreteras, organizar huelgas y exigir la caída de un gobierno ilegítimo se presentan como actos terroristas. La acusación contra Morales es, por tanto, una amenaza dirigida a todos los trabajadores y campesinos que participaron en las movilizaciones.

Gobierno como resultado del fraude

El gobierno de Rodrigo Paz nació de unas elecciones fraudulentas. Evo Morales, el político más popular del país, fue excluido de presentarse. Sus aliados fueron perseguidos, su partido fue prohibido y organizaciones vinculadas al expresidente sufrieron intervenciones del aparato estatal.

Ante la prohibición de su candidatura, Morales defendió el voto nulo. Incluso sin candidato, sin un partido legalizado y bajo intensa persecución, la posición defendida por él recibió más votos que cualquiera de las candidaturas autorizadas por el régimen.

El resultado dejó claro que Morales seguía siendo el principal líder político de Bolivia. Si hubiera concurrecido a las elecciones, habría sido el favorito para ganar.

Fue precisamente para evitar este resultado que la oligarquía y el imperialismo bolivianos retiraron a Morales de la contienda. Era necesario poner en el gobierno a un representante dispuesto a aplicar un programa de ataque contra los trabajadores y la entrega de los recursos naturales del país a monopolios extranjeros.

Rodrigo Paz fue presentado durante las elecciones como un candidato centrista y moderado. Incluso fue elogiado por Lula, quien trató su victoria como parte de la normalidad institucional de Bolivia.

Sin embargo, los llamados moderados decretaron un estado de excepción, volvieron a las Fuerzas Armadas contra la población, reprimieron los bloqueos y ahora intentan arrestar al principal opositor del país al «terrorismo». Su gobierno asume cada vez más abiertamente el carácter de una dictadura de extrema derecha.

Neoliberalismo y represión

Bolivia se enfrenta a una escasez de combustible y dólares, aumento de los precios de los alimentos y el transporte, caída del poder adquisitivo y salarios y una creciente inseguridad económica. La política del gobierno consiste en transferir la carga de la crisis a la población y ampliar las concesiones al gran capital.

Las medidas sobre propiedades rurales afectaron directamente a los sectores campesinos. Al mismo tiempo, el programa económico de Paz allana el camino para ampliar la presencia extranjera sobre los recursos estratégicos de Bolivia, incluyendo gas, minerales y grandes reservas de litio.

Esta política provocó la rebelión de los últimos meses. La presión de la base obligó a las organizaciones sindicales y campesinas a endurecer su posición, mientras los bloqueos se extendían por todo el territorio nacional.

Morales apareció como la principal referencia política del movimiento. Incluso sin haber organizado directamente cada protesta, apoyó las movilizaciones y se puso del lado de los sectores que exigían el fin de las políticas neoliberales.

Para imponer una medida de austeridad contra la población, el gobierno debe eliminar de la escena al único liderazgo capaz de reunir a trabajadores, campesinos, cultivadores de coca y pueblos indígenas en una lucha nacional. Primero, impidieron que Morales se presentara a las elecciones. Luego prohibieron su organización. Ahora intentan meterlo en la cárcel.

Solidaridad con Morales

En otra publicación, Morales agradeció a la Central Continental de Trabajadores de la Educación por un manifiesto de solidaridad. La entidad exigió el fin de la persecución del expresidente y la liberación de Freddy Mamani Laura, expresidente de la Cámara de Diputados y exsecretario ejecutivo de la Confederación de Profesores de Educación Rural de Bolivia.

El documento denuncia una «ofensiva represiva» contra los movimientos sociales y los líderes campesinos. También atribuyó la persecución a una estrategia continental respaldada por Estados Unidos, el Mossad y el Mando Sur de EE. UU.

El manifiesto también advertía sobre el riesgo de secuestro o asesinato de Morales.

La alerta llega en medio de una creciente persecución. Morales ya ha sido expulsado del proceso electoral, su organización fue prohibida y enfrenta dos órdenes de arresto. Sus seguidores siguen movilizados en el trópico de Cochabamba para evitar su secuestro.

Evo Morales es perseguido porque, a pesar de todas las presiones, oscilaciones y capitulaciones, no se ha pasado al bando del imperialismo. Sigue siendo la principal referencia de los sectores que resisten al gobierno de derechas y la entrega de Bolivia al capital extranjero.

La acusación de «terrorismo» revela el objetivo de esta política en toda América Latina: incriminar la revuelta popular, prohibir a la izquierda y dar a los gobiernos instrumentos de guerra contra los trabajadores. Por lo tanto, debe lucharse con fuerza. La izquierda brasileña, y especialmente el gobierno de Lula, hace justo lo contrario al aceptar el discurso y las medidas impuestas por el imperialismo.

Fuente: DCO.