Un Juzgado de Marbella investiga por posible estafa al empresario José Ávila Rojas, a otros empresarios y a un notario de la localidad por vender inmuebles que ya no eran propiedad del constructor granadino, que los había comercializado, en algunos casos, hace cuarenta años y que tienen por tanto legítimos propietarios desde hace décadas.

Para la UDEF, hay indicios de que Ávila Rojas «conocía perfectamente que muchos de esos inmuebles habían sido vendidos con anterioridad y que sus ocupantes eran los verdaderos propietarios civiles». La macrooperación, que incluye la transmisión por parte de sociedades del promotor granadino de cerca de doscientos inmuebles a otras empresas, que van traspasando de una a otra las propiedades, se ha conocido a raíz de la denuncia de una familia de Granada, que formalizó la compra de su vivienda en 1982 y que recibió una notificación del Catastro informándole del cambio del régimen jurídico de su propiedad. Ese hecho, unido a las amenazas de los «gorilas» que se personaron en el edificio del Parque del Genil advirtiendo de que iban a recuperar esas propiedades, activaron la denuncia que ha impulsado la investigación judicial de la que informó Ideal.

Aunque la denuncia de este propietario, que está representado por el letrado Javier Vargas Rubia -del despacho Vargas, Martos y Asociados-, se presentó en Granada, la investigación se lleva a cabo en Marbella porque la ‘reventa’ de esas propiedades se formalizó en la Notaría de esa localidad que también está supuestamente implicada en la estafa. 

Lo que hizo Inmobiliaria y Construcciones Ávila Rojas SA fue vender a la mercantil Fergonza una serie de fincas y todo su patrimonio inmobiliario, con algunas excepciones las que se encontraban libres de cargas.

Inmobiliaria y Construcciones Ávila Rojas proviene de Promotora de Edificio Ávila Rojas SA, que a su vez provenía de la fusión de numerosas sociedades, entre ellas Parque del Genil SA, la que en su día vendió el piso que ahora ha vuelto a comercializar a pesar de no ser de su propiedad. Para la UDEF resulta «llamativo» que dispusiera «de manera consciente de un bien que vendió y cobró tiempo atrás».

La UDEF ha detectado en los empresarios «una suerte de carrera al objeto de conseguir registrar ciertos inmuebles en el Registro de la Propiedad»

Hay un dato revelador en esta operación. Los legítimos propietarios, tras finalizar el pago de la hipoteca, no registraron en su día la vivienda. Y la UDEF detecta en la operación empresarial que se lleva ahora a cabo «una suerte de carrera al objeto de conseguir registrar ciertos inmuebles en el Registro de la Propiedad» con el objetivo de hacer valer esa circunstancia. 

No obstante, los investigadores recuerdan que en estos casos, actuar «de buena fe» es un requisito indispensable según la jurisprudencia del Supremo. «Si el segundo comprador sabe de la primera venta, se considera que actúa de mala fe» y, para la UDEF, «ese es el caso que nos ocupa». 

No duda la unidad especializada en delitos financieros, de fraude y blanqueo que el piso en cuestión es propiedad del denunciante y su familia, como consta en su escritura de propiedad, en el hecho de tener allí fijada su residencia con empadronamiento, el pago de los recibos de la comunidad y de otros impuestos como el IBI. 

Hay otro dato que evidencia para los investigadores la existencia de un intento de estafa y es el hecho de que la compra por parte de estas empresas se hiciera sin las más mínimas comprobaciones respecto a quién residía en esos inmuebles. El de Granada no es el único. La investigación ha sacado a la luz el caso de propiedades a las que se cambió la cerradura para que los empresarios implicados en esta operación tomaran posesión de unas viviendas con legítimos propietarios. 

En la cadena de compraventa con una sucesión de empresas implicadas juega un papel indispensable el notario, de ahí que esté también investigado. 

La manera de actuar en todos los inmuebles es similar, según detalla el Ministerio Fiscal, citando a la UDEF, en uno de sus escritos: se transmiten los inmuebles sin acreditación suficiente de la titularidad; utilización reiterada de escrituras de concreción, subsanación y compraventa; renuncia sistemática a comprobaciones registrales y documentales; e intentos de inscripción registral de fincas cuya titularidad aparece a nombre de terceros distintos.

Precisamente por ello el Juzgado ha dictado medidas cautelares para impedir que se registren propiedades, por la posible estafa que subyace en estas operaciones.

Además de la posible estafa en la doble venta, la investigación deberá determinar si se ha producido un presunto delito de blanqueo de capitales.