El presidente chileno José Antonio Kast ha introducido una reforma constitucional que le otorgaría el poder de imponer un estado de emergencia de hasta 240 días sin autorización previa del Congreso. La propuesta, presentada bajo la justificación de enfrentar el crimen organizado y el terrorismo, permitiría al gobierno suspender o restringir derechos fundamentales en ciertas regiones del país.

El nuevo régimen podría estar inicialmente en vigor durante 120 días y ser renovado por el propio presidente por el mismo periodo. Durante estos ocho meses, sería posible restringir el movimiento, reuniones y asociaciones, interferir en comunicaciones privadas, abrir documentos y requisar bienes. Las áreas afectadas también estarían subordinadas a un oficial general elegido por el presidente.

La propuesta es tan amplia que ha provocado críticas dentro de la propia derecha chilena. Los legisladores de la base de Kast cuestionaron la posibilidad de concentrar tal poder en el Ejecutivo sin intervención del Congreso. Incluso sectores situados a la derecha del gobierno han indicado que podrían rechazar el proyecto si se mantienen sus puntos más extremos. Una encuesta de Cadem mostró que el 58% de los encuestados rechaza la posibilidad de que el presidente decrete la medida por sí solo.

La iniciativa del gobierno chileno es especialmente abierta, pero no puede tratarse como una aberración aislada producida por la extrema derecha. Chile está mostrando con mayor claridad una tendencia que recorre América Latina.

El continente ha vuelto a entrar en un periodo marcado por golpes de Estado, fraude electoral, proscripciones y otras maniobras destinadas a llevar fuerzas de derechas completamente vinculadas a los intereses del gran capital internacional al gobierno. Donde la derecha tradicional no es suficiente, entra en escena la extrema derecha.

Esta ofensiva está vinculada a la situación mundial en sí. El imperialismo está en crisis, especialmente desde la gran crisis de 2008. La pérdida del control de gobiernos y recursos estratégicos en Asia y Oriente Medio obliga al imperialismo a asegurar ese control en su propio territorio. En el caso de Estados Unidos, en América Latina.

Pero Estados Unidos se enfrenta a una disputa cada vez más amarga con China y a una crisis económica que reduce el margen de maniobra del imperialismo.

América Latina concentra petróleo, litio, cobre, tierras cultivables, agua y muchos otros recursos estratégicos. También es una enorme reserva de fuerza laboral explotada por monopolios internacionales.

Para el imperialismo, estas riquezas deben seguir estando disponibles en condiciones favorables para las grandes empresas. El saqueo de países latinoamericanos debe aumentar justo cuando la competencia por el mercado mundial se vuelve más aguda.

Esto requiere gobiernos dispuestos a privatizar empresas públicas, entregar recursos naturales, atacar salarios, recortar servicios públicos y garantizar los beneficios de bancos y monopolios.

Una política de este tipo no puede aplicarse con calma.

Cuanto más se retira de la población para entregarla al gran capital, mayor tiende a ser la resistencia de los trabajadores. La represión dejó de ser un elemento secundario y comenzó a ocupar un lugar central en la política de estos gobiernos.

Es en este sentido que debe ser observado el proyecto de Kast.

La reforma no pretende simplemente aumentar las penas ni aumentar el número de agentes de policía. Permite atacar precisamente los derechos que la población utiliza para organizarse: reunión, asociación y circulación. El gobierno también pretende ampliar su capacidad para intervenir en las comunicaciones y poner ciertas regiones bajo mando militar.

El texto establece como justificación situaciones consideradas graves para la seguridad pública y casos de alteración del orden. La elasticidad de estas definiciones es evidente. Una gran huelga, manifestaciones prolongadas o una movilización popular contra medidas económicas pueden presentarse rápidamente como problemas de «orden público».

El pasado chileno hace que la propuesta sea aún más significativa.

La dictadura de Augusto Pinochet mostró brutalmente la relación entre la represión y la política económica. La destrucción de las organizaciones obreras creó las condiciones para transformar Chile en un laboratorio de medidas neoliberales defendidas por el imperialismo.

Hoy en día no es necesario reproducir exactamente los métodos políticos utilizados tras el golpe de 1973. El fortalecimiento del estado policial puede avanzar a través de las propias instituciones existentes, con reformas constitucionales y leyes aprobadas por el Parlamento.

Kast simplemente presenta este programa sin demasiados disfraces.

En otros países, la misma tendencia aparece con una apariencia más «respetable».

En Bolivia, una derecha que incluso el presidente Lula trata con simpatía, quien se ha convertido en el rompehuelgas favorito de Rodrigo Paz, busca presentarse como democrática y moderada mientras aplasta una rebelión popular y da paso a una verdadera dictadura represiva y neoliberal. En Argentina, la tchutchuca del banquero Javier Milei está llevando a cabo una terrible ofensiva contra las condiciones de vida de los trabajadores mientras la prensa capitalista internacional le describe como responsable de la recuperación económica del país.

La etiqueta política cambia. La necesidad de profundizar los ataques contra la población persiste.

Esta tendencia no se limita a los gobiernos abiertamente de derechas. Los pocos gobiernos de izquierdas que aún existen en el continente también están bajo una enorme presión para hacer concesiones ante el aumento de la represión estatal.

En Brasil, esto parece especialmente importante porque gran parte de la ofensiva no proviene directamente del presidente Lula, aunque su gobierno es patrocinador de la censura «buena».

El Poder Judicial, la Policía Federal y la Fiscalía Federal han asumido cada vez más poderes para interferir en la libertad de expresión y la organización política. Las decisiones sobre redes sociales, las investigaciones sobre manifestaciones políticas y las medidas de censura se presentan como necesarias para defender a la población de ciertos peligros.

La lista de justificaciones es extensa: «discurso de odio», racismo, homofobia, sexismo, noticias falsas, extremismo y crimen organizado.

La censura y la represión rara vez se presentan al público bajo estos nombres.

En Chile, Kast habla sobre la lucha contra criminales y terroristas. En Brasil, las instituciones afirman proteger la democracia, las minorías, los niños pequeños o la seguridad de la población. El resultado práctico es el fortalecimiento de los órganos estatales encargados de la vigilancia, prohibición, investigación, castigo, arresto y asesinato.

Incluso la ofensiva contra plataformas como Discord debe observarse desde este punto de vista. Con cada nuevo episodio, la aceptación de que el Estado debe decidir qué medios de comunicación pueden funcionar, qué contenido está permitido y bajo qué condiciones la población puede utilizarlos está en aumento.

Especialmente peligrosa es la política de sectores de la izquierda que tratan estas instituciones como una barrera contra la extrema derecha.

El Tribunal Supremo, la Policía Federal y la Fiscalía no son organizaciones populares. Forman parte del aparato estatal. Los poderes acumulados hoy bajo el argumento de luchar contra un oponente de izquierdas no desaparecen cuando cambia el gobierno.

Al contrario, están listas para ser usadas por él.

La experiencia de Kast muestra lo absurdo de entregar cada vez más poderes represivos al Estado mientras se espera que las propias instituciones eviten una dictadura. Un gobierno de extrema derecha no necesita destruir un aparato represivo reforzado por sus predecesores. Solo tienes que tomar el control.

En Chile, la justificación inmediata es la seguridad pública. El proyecto de ley también incluye la creación de registros de organizaciones criminales y nuevas restricciones para las personas condenadas por terrorismo o participación en dichas organizaciones.

Sin embargo, la definición de quién es un criminal, terrorista o amenaza al orden permanece en manos del propio Estado.

Esta es la cuestión fundamental ante el avance de la represión en toda la región. Las instituciones que hoy afirman defender la democracia son las mismas que acumulan los instrumentos necesarios para restringir las reuniones, censurar comunicaciones, perseguir organizaciones y contener movimientos populares.

La crisis internacional empuja a América Latina hacia una política cada vez más dura. El imperialismo debe garantizar el acceso a la riqueza del continente y aumentar la explotación de los trabajadores. Para ello, necesitan gobiernos capaces de resistir la reacción que esta política inevitablemente provocará.

Kast presentó una propuesta de estado de emergencia durante ocho meses. Otros gobiernos pueden preferir nombres más elegantes y métodos más graduales.

Sin embargo, la población latinoamericana no tiene motivos para confiar en que el fortalecimiento de los tribunales, la policía y otras instituciones represivas esté allanando el camino hacia una mayor democracia.

Fuente: DCO.