
Bangladesh enfrenta una nueva jornada de movilizaciones de trabajadores de la industria textil, quienes exigen mejores salarios y condiciones laborales de auténtica explotación al servicio de las multinacionales. Las protestas, registradas durante los primeros días de noviembre de 2026, han provocado enfrentamientos con las autoridades y alteraciones en la actividad de numerosas fábricas que afectan al envío de ropa a Occidente.
Los trabajadores reclaman un salario mínimo mensual de 30.000 takas (240 euros), frente a los 12.500 takas establecidos actualmente. Según los manifestantes, el incremento del costo de los alimentos, la vivienda, el transporte y los servicios de salud ha reducido considerablemente su ya raquítica capacidad adquisitiva.
El 1 de noviembre, las autoridades anunciaron la conformación de una comisión para ver qué ocurre pero el anuncio no consiguió detener las movilizaciones. Miles de empleados volvieron a las calles de Daca y de otras zonas industriales, entre ellas Ashulia y Gazipur, donde se registraron bloqueos de vías y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
La Policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar algunas concentraciones. Las propias autoridades reportaron personas heridas y detenciones relacionadas con los disturbios.
La crisis laboral representa un desafío importante para Bangladesh, cuya industria de confecciones con salarios míseros es uno de los principales motores económicos de las multinacionales. El sector emplea aproximadamente a cuatro millones de personas y genera más del 80 % de los ingresos nacionales por exportaciones.
Las interrupciones de las actividades productivas han obligado a cerrar temporalmente cientos de fábricas en distintos momentos de las movilizaciones, lo que genera preocupación por los retrasos en los pedidos internacionales y el cumplimiento de los compromisos comerciales.
El gobierno dice (ordenado por la industria) que el incremento de los salarios podría elevar los costos de producción, en un contexto marcado por dificultades energéticas y una demanda internacional menos favorable. Mientras continúa la revisión gubernamental, los trabajadores mantienen sus exigencias de mejores remuneraciones, pago oportuno de salarios y condiciones laborales dignas. La evolución de las negociaciones será determinante para resolver el conflicto y reducir el riesgo de nuevas interrupciones en uno de los sectores exportadores más importantes del país.
Fuente: Insurgente.






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