El Ejido es un municipio reciente, nacido en 1982, tras el traslado de la capitalidad en 1981 y la segregación de Dalías y Celín. Entre las oleadas de su mar de plástico aparecen multitud de peculiaridades antropológicas, muchas derivadas del apogeo del sector agrícola y también de su historia migratoria. Por ello, debemos retroceder unas décadas para comprender dicha realidad y luchar contra un discurso que enfrenta entre sí a la clase trabajadora. Solo así se podrá garantizar el acceso a una vivienda digna para todas.

La primera “guita” de esta historia la ató la contrarrevolución agraria franquista. Mediante la Ley del 23 de febrero de 1940, la cúpula devolvió a los antiguos terratenientes las fincas ocupadas por el Instituto de Reforma Agraria durante la Segunda República. Con esta decisión se ahogó el proyecto popular de dar tierra a quien la trabaja y, a día de hoy, Andalucía sigue arrastrando la condena: unos grandes latifundios sin explotar en manos de unos pocos terratenientes. No obstante, el caso almeriense fue diferente y nos sirve para comprender la distancia del agricultor con el resto de la clase trabajadora. El artículo cuarto de esa misma ley permitió exceptuar de la devolución aquellas fincas que estaban “enclavadas en zonas regables” o que podían reunir “características especiales de extensión o dominio”. Conforme a la Ley de diciembre de 1939, las exceptuadas pasaban un arrendamiento forzoso. El Campo de Dalías –enclavado en zona regable y declarado de interés nacional en 1941– recibió en 1953 su Plan General de Colonización y, en 1956, llegaron los primeros colonos, procedentes las Alpujarras granadinas y almerienses. Aquí está la clave del carácter ejidense, pues estos nuevos campesinos no llegaron como jornaleros, sino como posibles propietarios. El Instituto Nacional de Colonización seleccionaba preferentemente a agricultores pobres sin tierra —varones, casados y con certificado de buena conducta del alcalde y del párroco— y les entregaba un lote de 3,5 a 5 hectáreas y una casa, aunque la media no llegó a 2,6 hectáreas. Bajo un paternalismo que trataba al colono como incapaz, la tierra y la casa quedaban en “tutela” durante cinco años. Durante este periodo, el colono trabajaba en régimen de aparcería y pagaba los anticipos en especie, con parte de la cosecha, hasta que “demostrada su aptitud”. Solo después de este tiempo, el cual solía ser mayor, estos “prepropietarios” podían empezar a amortizarlas. En concreto, la tierra en 20 o 25 años y la vivienda hasta en 40 años, todo al 3% anual. En otras palabras, en cuarenta años, la casa acababa costando casi el doble. Con este método, los campesinos quedaban atados a la tierra y a una deuda con la administración, un hecho que explicaría el discurso actual de su población: “yo me gané mi casa trabajando duro” Fue, sin duda, una clase fabricada desde arriba para moldear al “buen campesino”: propietario, católico, agradecido y ajeno a toda reforma. En el preámbulo de la Ley de 1940 se dilucidaban las verdaderas intenciones: “no impulsar, ni intentar siquiera el paso de arrendatarios a propietarios (…)”

Entonces, a partir de los años 60, la población se conforma por la migración llegada de las alpujarras y, desde 1975, se sumaron los primeros trabajadores magrebíes. A lo largo de los 80, con el boom del invernadero, la producción hortícola creció velozmente. Como sostiene la literatura académica, la mano de obra autóctona —y en especial la familiar, mujeres e hijos— se desplazó hacia la construcción, el comercio y los servicios, trabajos menos duros que el plástico. Ante la urgente necesidad de mano de obra, comienza a aumentar la migración extranjera y, como consecuencia, a racializarse el trabajo agrícola. A día de hoy, se pueden escuchar en sus calles que el trabajo de invernadero “es trabajo de moros”. Realmente, este relevo, tuvo ventajas para el pequeño propietario, el cual pudo pagar salarios bajos a unas personas que venían de unas zonas con mayor necesidad. Es, a partir de los 90, cuando la inmigración extranjera crece considerablemente y, en febrero de 2000, cuando la convivencia multicultural desemboca en la denominada “caza del moro”: tres días de gran violencia tras el asesinato de Encarnación López a manos de un marroquí con problemas mentales.

Según el SIMA, en 2025, El Ejido tenía 90611 habitantes y la población extranjera suponía un 32,1%, en concreto, 29.058 habitantes. La procedencia principal es la marroquí, alrededor de 18.200 personas. En términos porcentuales, un 62% respecto a la población extranjera. Esa diversidad se ha traducido en una geografía urbana fracturada: calles y barrios étnicamente marcados, más de doce localidades con realidades culturales muy distintas y chabolismo entre invernaderos. Castaño Madroñal (2009) atribuye estas distribuciones a la especialización productiva local y, sobre todo, a las políticas municipales de ordenación del territorio y acceso a la vivienda, las cuales propiciarían los los procesos de “etnización socio-espacial”. Según el diagnóstico del Ministerio de Derechos Sociales (2022), en El Ejido se identificaron 9 asentamientos de chabolas, habitados aproximadamente por unas 1.691 personas de procedencia marroquí y senegalesa. Por su lado, Níjar suma 24.

Si algo define a El Ejido es la agricultura intensiva bajo plástico, protagonista del denominado “milagro almeriense”. Este trabajo es caracterizado por una gran precariedad laboral, debido a su temporalidad y a unos salarios poco acordes con su dureza. Si atendemos a la última actualización de la Agencia Tributaria en 2024, el Salario Medio Anual para los asalariados de la agricultura (ganadería, silvicultura y pesca) en Almería es de 10869 €. En concreto, 11148 € para los hombres y 9986 € para las mujeres. Si a eso se añade que, en muchos casos, las horas trabajadas no se reflejan en la cotización, la situación del trabajador empeora. Son datos relevantes pues no se trata de un sector marginal, tal como nos indica el SAE, en 2024, la agricultura genera el 50% de los contratos que se firman en el municipio, por delante de los servicios (45%). Además, el 66,8% de peones agrícolas en España son personas extranjeras, mostrando la devastadora racialización del trabajo. Por su parte, Blanca Garcés Mascareñas en CIDOB, en su trabajo de campo en Almería de 2024 y 2025, afirma que el 90% de los trabajadores destinados a trabajar bajo invernadero son inmigrantes. Estos “superan los 100000, de los cuales entre el 20 y el 30% podrían estar en situación irregular”. La autora documenta, además, que la asignación de las tareas más duras y los contratos más precarios es para los trabajadores marroquíes y subsaharianos. Nos encontramos ante una expresión muy concreta de la racialización del trabajo.

El Ejido ha encabezado la lista de los municipios de mas de 50 mil habitantes con menor renta media. Según el informe de FEDEA con datos de 2017 y 2018, fue el municipio de mas de 50 mil habitantes con una renta media menor. Incluso, se había visto reducida respecto al año anterior. En 2017, la renta media por persona fue 13.470 € y en 2018, 13.066 €. Esto nos indica que la riqueza que genera el campo no se traduce, por tanto, en ingresos elevados para todas su población. El contraste alcanza también a la actividad financiera. Según el Diario de Almería,  el municipio contaba con 30 entidades de crédito en 2023, por encima de varias ciudades andaluzas mucho más pobladas. Y, mientras en dicha publicación se presentaba como el municipio andaluz con menor tasa de paro, un 10,24%, los bajos ingresos seguían ahí ¡Qué importará el trabajo cuando este no permite vivir! En los almacenes de envasado, además, la precariedad tiene una dimensión de género. Sus trabajadoras han denunciado la temporalidad, las largas jornadas difíciles de conciliar y una discriminación salarial frente al hombre. pues no retrata por sí sola toda la precariedad, ni permite determinar cuánto cambiaría la desigualdad al incorporar a quienes no presentan declaración. Lo que sí documenta es un municipio de bajos ingresos medios y fuertes desigualdades internas. Mientras tanto, el discurso que enfrenta al trabajador autóctono con el migrante desvía la mirada del problema compartido: trabajar sin poder vivir dignamente.

No es la única cifra alarmante. Esa misma actualización, con datos fiscales de 2023, lo coloca como el tercer municipio de más de 50.000 habitantes con mayor desigualdad de renta de España, con un índice de Gini de 0,6387, solo por detrás de Pozuelo de Alarcón (0,6760) y Alcobendas (0,6621). Son datos muy graves, si tenemos en cuenta que el Gini medio municipal es de 0,5167. No obstante, conviene recordar los límites de una estadística fiscal. Si tenemos en cuenta que el índice y las rentas expuestas se calculan solo con los declarantes y lo declarado, seguramente la desigualdad real sea mayor. No debemos olvidar que hablamos de un municipio donde se han documentado prácticas que muestran una economía sumergida propia. Desde los sindicatos se han denunciado distintas prácticas de contratación irregular, explotación laboral y fraude a la Seguridad Social en el cultivo bajo plástico.  A ello, se suman investigaciones de la Agencia Tributaria en 2022 por fraude fiscal en el sector de la construcción de invernaderos.  Y, a pesar de la opacidad, los datos oficiales evidencian que en El Ejido convive una mayoría de rentas bajas con un grupo muy reducido de rentas altas. Aunque el discurso político predominante sigue enfrentando a una población mayoritaria que trabaja únicamente para sobrevivir.

Si algo es bien sabido es que para vivir dignamente se necesita un lugar donde residir. Si atendemos al historial del portal inmobiliario del Idealista, en contraposición a los bajos salarios, los precios de alquileres han subido desorbitadamente.  En diciembre de 2021, el precio era de 5,5 €/m2, en octubre de 2026, de 8,9 €/m2. En los últimos 5 años, el alquiler ha sufrido una subida de un 61,8 %.  Solo en el último año ha subido un 16,8%, el mayor incremento de todos los municipios andaluces analizados. Teniendo en cuenta los bajos salarios, alquilar en El Ejido más que un sobreesfuerzo es una condena.

Según el estudio de Provivienda, el mercado del alquiler también sufre de racismo inmobiliario. En 2024, “el 99% de las inmobiliarias aceptaron el uso de prácticas discriminatorias sugeridas por los propietarios”. Una cifra que contracta con el 72,5% dado en 2020. Además, “este estudio revela cómo la discriminación en el mercado del alquiler fomenta procesos de segregación urbana en Madrid y Barcelona”, tal como se observa en el municipio ejidense. Esta discriminación influye en el empadronamiento y en su marginación espacial.

Paradójicamente, existe una cara B de esta realidad, representada por Almerimar, su localidad costera y la cual posee los precios de alquiler maa  sigue siendo otro caso excepcional, buena parte de esas viviendas no son para turistas, sino  segundas residencias de los propios habitantes de El Ejido, en buena parte, empresarios agrícolas. El proyecto original preveía 23 mil plazas hoteleras y en los ochenta solo se había construido el 20%, asi que se reconvirtió en “turismo de calidad” y segundas residencias. Seguramente sea este hecho, el qué haya frenado la turistificación propia de otras zonas como Roquetas de Mar. No obstante, los números actuales comienzan a ser alarmantes, el metro cuadrado se paga a 9,4 euros en frente a los 8,9 de la media municipal y, en temporada, existen alquileres entre 1.900 y 2.250 euros al mes.

Los invernaderos, en cambio, crecieron con una mano de obra que había que traer, alojar y —cuando estorbaba— ocultar. Así lo muestran los casos de asentamientos chabolistas en El Ejido y Níjar, a los que hay que sumar cortijos y almacenes diseminados entre los invernaderos. La demolición de “El Walili”, en Níjar, el 30 de enero de 2023, refleja esta contradicción. Aquí, la Plataforma Derecho a Techo denunció que se ejecutara la destrucción de este asentamiento sin ofrecer una verdadera alternativa residencial. La consecuencia fue que numerosos residentes terminaron trasladándose a otros asentamientos. En cuanto a la motivación de este acto, la Plataforma denunció que gran parte se debió a la visibilidad del poblado para quienes se dirigían al parque natural de Cabo de Gata-Níjar. Fernando Plaza, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, lo expresó así: “Han quitado el asentamiento que más molesta a empresarios y turistas porque se ve desde la carretera”.

Si hacemos una lectura comparada de Almerimar y otras urbanizaciones costeras almerienses con estos asentamientos y los barrios o localidades racionalizadas, nos encontramos con dos proyectos urbanos opuestos: uno que vende paisaje y ocio; el otro hortaliza y explotación. Es mas, el modelo de Almerimar ha vuelto a cambiar de manos.. AEDAS Homes, promotora española controlada hasta 2025 por el fondo estadounidense Castlelake e integrada después en Neinor, desarrolla más de 200 viviendas previstas en primera línea de playa, con precios desde 315.000€ a 530.000 €, sin IVA. La promotora reconoce que el producto se dirige a “familias españolas de mediana edad” y a “compradores extranjeros”, y que funciona “tanto para residencia habitual como para segunda vivienda”.  Es decir, un comprador definido por su capacidad de pago, no por su vínculo con el municipio.

En Almería, es obvio que nos encontramos ante un doble rasero (aporofóbico) a la hora de categorizar al extranjero. El discurso del rechazo no tiene una base nacional, sino de clase y racialización. Frente a la veneración del turista que llega por ocio, resalta el desprecio hacia los inmigrantes laborales que participaron en “el milagro almeriense”. Y vuelve a resultar paradójico que sea precisamente el primer tipo de turismo el que, por su poder adquisitivo, ha empujado la subida de la viviendas en buena parte de Andalucía. Si hay que señalar a alguien, sería a quien ha adaptado la oferta residencial a la capacidad adquisitiva del comprador, dejando fuera a la población del lugar. Por otro lado, a quien se ha aprovechado de la necesidad ajena para segmentar el mercado de trabajo, revelando a la población autóctona por trabajadores extranjeros a un coste salarial y humano mucho menor. Y, como guinda del pastel, la mirada debería girar también hacia los comercializadores, las franquicias y las multinacionales que compran las hortalizas a precio de saldo y la revenden multiplicando su valor. Obsérvese como otra vez, el margen de ganancia se concentra en el extremo de la cadena productiva, donde ni las manos ni los pies se manchan de barro.

A pesar de todo lo descrito, se sigue poniendo el peso de la desesperación ejidense sobre el menos culpable. Los de arriba han conseguido otra vez lo que querían: enfrentar al pobre contra el más pobre. Ante la desafección política, urge que se una la clase trabajadora, sea cual sea su origen. La crisis de la vivienda, la precariedad laboral, los bajos salarios y el del deterioro forzado de los servicios públicos es un problema de todas. El 11 de noviembre toca unirnos y reclamar con una voz mayoritaria nuestros derechos.