El ministro del gobierno «progresista» estatal de PSOE+Sumar, Fernando Grande-Marlaska, gastó más de 71.600 euros en la compra de algo más de 790 sprays para que la Policía Nacional española pudiera reprimir el mismo día en que los sindicatos aprobaron y anunciaron la convocatoria de la ya celebrada huelga general del 11N y pocos días antes de que validara un nuevo protocolo policial que justificaba el uso de este gas.

El Ministerio del Interior aprobó esta compra ante la «conveniencia» de que los agentes pudiesen cumplir con las misiones encomendadas y pudiesen hacer frente a los posibles riesgos para su integridad, derivados de «ataques procedentes de individuos agresivos o, incluso, de grupos de personas en actitud violenta».

También justificó entonces que este tipo de espráis no causan daños «permanentes» y que eran necesarios tanto para «resolver incidentes violentos» como para «reforzar» las capacidades operativas de la Policía, especialmente, para unidades operativas como la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), entre otras.

La Policía seguirá usando gases lacrimógenos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rectificado -en apenas 24 horas- su decisión de prohibir a la Policía española gases lacrimógenos en operaciones de orden público. En un comunicado emitido por el departamento en el que actualiza la información relativa a las medidas que se van a tomar en relación a las cargas policiales durante la última huelga general se asegura que la Policía podrá seguir usando los artificios lacrimógenos al considerar su humo “inocuo” y “no lesivo”.

Interior también ha informado de que la Dirección General de la Policía modificará, sin especificar plazos, el protocolo que regula el uso del espray de defensa personal -con gas pimienta- para que no sea utilizado en operaciones de orden público.

Fuente: Insurgente.