El 14 de noviembre de 1975 se firma en Madrid la “Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental”, conocida como Acuerdo tripartito de Madrid, mediante el cual el Estado español transferirá la administración del Sáhara Occidental a Mauritania y Marruecos de facto, camuflada como administración temporal conjunta tripartita.

Dichos acuerdos se componen de una declaración política, en la que Madrid se compromete entre otras cuestiones a “respetar la opinión de la población saharaui, a través de la Yemaá” (Asamblea General del Sáhara) que era el órgano representativo saharaui, y varios anexos secretos.

Nunca fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado, pero sí fue comunicado a las Naciones Unidas y puede consultarse en la colección United Nations Treaty Series.

Un acuerdo político y económico

Con respecto a los anexos secretos, de los que tan solo se conoce una parte, se sabe que abarcaban cuestiones económicas, jurídicas y políticas. En materia económica se estipulaba la cesión por parte del Estado español a Marruecos de todas las instalaciones y exportación de los fosfatos del Sáhara Occidental y el 65% de la empresa Fos Bucraa que se dedicaba a la explotación de este mineral, a cambio Marruecos cedía el reconocimiento de derechos de pesca para 800 barcos procedentes de puertos del Estado español.

La firma de estos principios supuso la cesión del territorio a Marruecos y Mauritania. Madrid hizo caso omiso a las directrices de la ONU, que no había considerado nunca ni a Marruecos ni consideró en su momento a Mauritania como potencias administradoras; además de firmar unos acuerdos “ilegales” desde el punto de vista del Derecho Internacional.

Un acuerdo no reconocido por la ONU

Es un acuerdo no reconocido por la ONU, que sigue considerando oficialmente al Estado español como potencia administradora y al Sáhara Occidental como territorio aún pendiente de descolonización.

El Estado español como potencia administradora únicamente disponía de dos opciones para eludir su responsabilidad:

• La descolonización a través de la celebración de un referéndum de autodeterminación
• O no descolonizar y transferir la administración del territorio al Consejo de Administración Fiduciaria, de acuerdo con el artículo 77.1. c de la carta de las Naciones Unidas

El Estado español no hizo ninguna de las dos cosas. Primero eludiendo el obligado referéndum de autodeterminación y contraviniendo con ello las resoluciones de la ONU, confirmadas por el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de 16 de octubre de 1975

Y segundo cediendo de manera unilateral su condición de potencia administradora a una “sociedad” tripartita, conformada también por Marruecos y Mauritania, eludiendo lo que estipula la Carta de la Naciones Unidas en la que figura que “una potencia administradora sólo puede desprenderse de su responsabilidad transfiriendo la administración de la colonia al Consejo de Administración Fiduciaria de las NNUU”.

Con la firma de estos “Acuerdos” Madrid abandonaba a los saharauis a su suerte, y sus consecuencias hacen que a día de hoy el conflicto del Sáhara Occidental siga sin resolverse y que el pueblo saharaui permanezca dividido.