El Senado de Bolivia aprobó la derogación de la Ley 1.341, una norma que regula la aplicación del estado de emergencia en el país. La medida, que aún necesita pasar por la Cámara de Diputados, llega en medio de la cuarta semana de bloqueos viales, movilizaciones de trabajadores, campesinos y populares, y el agravamiento de la confrontación entre el gobierno de Rodrigo Paz y la población.

La derogación de la ley no crea el estado de emergencia en sí. Esta posibilidad ya está prevista en la Constitución boliviana, que autoriza al presidente a decretarla en caso de conmoción interna, amenaza a la seguridad del Estado, agresión externa o desastre natural. Lo que cambia, en la práctica, es que la retirada de la Ley 1.341 elimina una serie de controles legales específicos que dificultaban la aplicación de la medida.

Como resultado, el gobierno de Paz tendrá menos obstáculos legales para recurrir a una medida extraordinaria justo en el momento en que muestra dificultades para controlar la situación por medios normales. El país se enfrenta a decenas de bloqueos en seis departamentos, escasez de combustible, problemas en el suministro de alimentos y medicinas y la radicalización de sectores que exigen la dimisión del presidente, apenas seis meses después de su investidura.

La Ley 1.341 fue aprobada en 2020, en medio de la crisis política que se abrió tras el golpe contra Evo Morales. Según los defensores de la derogación, la norma imponía limitaciones excesivas al Ejecutivo y otorgaba a la Asamblea Legislativa poderes considerados demasiado amplios para interferir en un decreto presidencial de excepción.

El diputado y abogado constitucionalista Carlos Alarcón, uno de los defensores de la derogación, afirmó que la medida busca «recuperar la plena validez» de los artículos constitucionales sobre el tema. En su valoración, la ley hacía prácticamente inviable el uso del estado de emergencia.

Incluso sin la Ley 1.341, la Constitución sigue estableciendo algunos límites: la Asamblea Legislativa debe analizar el decreto en un plazo de 72 horas, el gobierno debe justificar la decisión y el país sigue obligado a respetar los tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la eliminación de la norma elimina una capa de control y reduce el coste legal para el gobierno de adoptar una medida de fuerza.

La crisis que sirve de telón de fondo para la decisión del Senado es el resultado de la expansión de las protestas contra el gobierno. La Central de Obreros de Bolivia (COB) ha condicionado cualquier diálogo con el gobierno a la anulación de órdenes de arresto contra líderes, incluido su secretario ejecutivo Mario Argollo Mamani, y a la liberación de trabajadores detenidos durante las protestas. Al mismo tiempo, ha instruido a sus bases para garantizar el paso humanitario de ambulancias, equipos médicos, medicamentos y personas en situaciones de emergencia.

El gobierno intentó abrir pasillos con el apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas, pero los manifestantes volvieron a bloquear las carreteras tras el paso de las caravanas autorizadas por el movimiento. Por lo tanto, el estado de emergencia está ahora en la agenda. Este expediente, ya ampliamente utilizado en países como Ecuador, es el camino inevitable para los gobiernos neoliberales, que pierden toda su autoridad y evolucionan hacia una dictadura abierta contra la población.

Fuente: DCO.