Hace unas semanas comenzó una campaña en apoyo a la propuesta de ley de nacionalización saharaui orquestada por Más Madrid. Fui invitado al grupo promotor, observé el panorama y decidí salirme. Aunque pueda resultar contra intuitivo para algunos, esta ley es profundamente negativa para los intereses generales del pueblo saharaui y, además, es una medida discriminatoria.

Tras ser aludido en múltiples ocasiones por mi postura, expuse en su momento dos grandes peligros de infiltración por parte de colonos marroquíes. Planteé dos cuestiones concretas que jamás fueron contestadas; hoy vuelvo a repetirlas y añado una tercera:

1. ¿Cuántos libros de familia en blanco quedaron en la sala cubierta del polideportivo del estadio de fútbol en El Aaiún? Se llegaron a vender por un precio de entre 5.000 y 6.000 euros.
2. ¿Cuántos documentos quedaron abandonados en la oficina frente al cine Las Dunas, también en El Aaiún? En ese lugar se almacenaban los matasellos oficiales del Gobierno General del Sáhara y la imprenta de documentos oficiales.
3. ¿Qué ocurre con los libros de familia que los saharauis bajo ocupación se vieron obligados a entregar al Estado marroquí?

Ante este evidente riesgo de falsedad documental, ¿cuál es la solución? Exigir la publicación oficial de los nombres de quienes reciban la nacionalidad para que el proceso sea impugnable jurídicamente. De lo contrario, nos enfrentamos al riesgo real de que colonos marroquíes se hagan pasar por saharauis, poniendo obstáculos al censo ya elaborado y el proceso de libre autodeterminación.

Una ley discriminatoria orientada a la diáspora

Esta propuesta está diseñada exclusivamente para la diáspora. Establece dos vías de acceso: la residencia de dos años o la carta de naturaleza. Esta última es una vía totalmente discrecional que depende directamente del criterio del Ejecutivo español.

Al estar las vías legales taponadas, debido al bloqueo sistemático del consulado español en Orán y de la embajada en Argel, esta medida no hará más que alimentar la desesperación y empujar a los saharauis en Argelia a arriesgar su vida en patera. Hablamos de una vía hacia una inseguridad vital que ya se ha cobrado muertes de saharauis en el mar Mediterráneo. En el argumentario que nos facilitaron calificaban esto de «reparación». ¿De verdad llaman reparación a esto? No lo es.

El tabú inquebrantable de la democracia colonial

Existe un tabú en España que nadie se atreve a romper. España opera como una democracia colonial: sigue beneficiándose de sus relaciones con la oligarquía marroquí, de la burguesía saharaui de nueva creación y del expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Este silencio, que dura ya medio siglo, es el mito de la caverna de Platón en el que pretenden confinarnos mediante un baile de sombras.

Pero algunos nos negamos a participar en ese baile. Voy a parar la música y a poner una canción que no les va a gustar, porque los señala como cómplices del Régimen del 78 y de sus mentiras para con el pueblo saharaui.

Si realmente quieren reparación, vayan a la raíz del problema: deroguen la Ley 40/75 y el RD 2258/76.

De esta forma España, como única potencia administradora del territorio, podría transferir la administración efectiva a Naciones Unidas para que pudiera organizar el referéndum de autodeterminación.

No hablar de su derogación mientras se acude cada año a la manifestación es el summum de la hipocresía. Vender el discurso de la solidaridad anual sin tocar la estructura legal colonial es una absoluta falsedad.

Frantz Fanon y las migajas de la asimilación

Es aquí donde el análisis de Frantz Fanon cobra una vigencia devastadora. El colonialismo suele educar y dar espacio a una pequeña élite nativa para que gestione las instituciones menores. Esta élite adopta los modales, la burocracia y las leyes del opresor, convirtiéndose en intermediaria. Su función real no es liberar al pueblo, sino contenerlo y apaciguarlo a cambio de migajas de poder individual (como un escaño o una reforma legal menor).

Ya lo decía la propia Tesh Sidi, antes de ser diputada: «no nos liberaremos con latas de atún».

El marco colonial prefiere otorgar derechos individuales (como nacionalidades selectivas) precisamente para romper la unidad de los oprimidos. Esto fragmenta la identidad colectiva: el indígena asimilado se salva individualmente en la metrópolis mientras la masa sigue bajo el yugo, lo que destruye la fuerza de la lucha comunitaria.

Las instituciones coloniales están diseñadas para proteger al colonizador. Si juegas bajo sus reglas y celebras sus leyes cosméticas, estás validando su autoridad. Por eso, cuando el ministro Albares ve con buenos ojos esta propuesta, cuadra perfectamente con la tesis de Fanon. Si al opresor le gusta tu ley de «reparación», es porque la ley no amenaza su estatus.

Las instituciones solo tienen utilidad si se usan para romper el marco, no para perpetuarlo. Es lo que se conoce como mover la ventana de Overton o hacer la lucha cultural que decia Antonio Gramsci.

La crueldad de las falsas expectativas y el caso «Vacaciones en Paz»

Lo que más me duele de esta situación es el culmen de las expectativas frustradas. ¿Son conscientes de la falsa ilusión que están generando? En la wilaya de Auserd, en los campamentos de refugiados, se celebró una fiesta por la aprobación de esta iniciativa. Sin embargo, esa gente no se va a ver beneficiada. Les han vendido una mentira.

Ofrecer una promesa individual de «vida mejor» a un pueblo que lleva medio siglo luchando en comunidad por su libertad colectiva es de una enorme crueldad. Es la culminación de una estrategia de fragmentación identitaria y de la deriva puramente humanitaria, que no política, del movimiento de solidaridad.

Sé perfectamente cuáles van a ser los argumentos con los que se me va a responder, nacidos del sufrimiento real de tanta gente que ha padecido un calvario absoluto para lograr entrar, sobrevivir y regularizarse en España: «Claro, como tú tienes tus papeles y tu vida resuelta, te da igual que un saharaui en la diáspora o en el exilio consiga la nacionalidad española para poder viajar, trabajar y salir de la miseria».

A esto respondo con firmeza: esta ley es una estafa humanitaria. No abre una vía segura, es discrecional y se va a estampar contra el muro de la burocracia del Estado español. Y lo más importante de todo: no resuelve la cuestión saharaui. Es aplicar el gatopardismo más rancio enunciado por Giuseppe Tomasi di Lampedusa: «vamos a cambiar algo para que todo siga igual».

Esta misma lógica ciega se evidencia en el caso específico de Vacaciones en Paz, donde parte de la campaña se ha centrado en la presión de las familias acogedoras. Conviene recordarles que Vacaciones en Paz es un programa de acogida temporal, no un colador burocrático para la emigración o la adopción encubierta. Vaciar los campamentos y despojar a las familias saharauis de sus hijos bajo la promesa de una regularización individual en España no es solidaridad; es desarraigo y fragmentación identitaria.

Eso no es solidaridad, es desarraigar a una generación bajo la promesa de un futuro en la metrópolis.

Una generación entera criada bajo la lógica de que la única salida digna es quedarse en la metrópolis colonial es una victoria absoluta para quienes quieren extinguir la resistencia. La solución para los jóvenes saharauis no es que España les dé un pasaporte para que dejen de ser saharauis; la solución es que España cumpla de una vez con el derecho internacional para que puedan volver al Sáhara Occidental.

El negocio de la ocupación y el exilio: ¿Quién gana con esta ley?

Para entender el alcance real de este espejismo, es imprescindible aplicar el clásico cui prodest (¿a quién beneficia?). Más allá de los réditos electorales de la metrópolis, esta ley activa una maquinaria perversa que oxigena tanto a las estructuras de la ocupación marroquí como a los sectores más corrompidos del exilio.

En los Territorios Ocupados (TTOO): El triunfo de la sustitución demográfica

Para el régimen alauita, esta ley es música para sus oídos. Por un lado, incentiva la salida de más población autóctona saharaui de su propia tierra, aliviando la resistencia interna y profundizando el desarraigo. Por el otro, abre de par en par la puerta de la infiltración. Con el caos documental analizado previamente, miles de colonos marroquíes podrán hacerse pasar por saharauis.

Pero el peligro real va más allá e impacta directamente en la línea de flotación del proceso de paz. Existe un censo definitivo elaborado por la MINURSO y depositado en Ginebra, basado en condiciones pactadas en su día por el Frente Polisario y Marruecos, el cual Rabat acabó bloqueando porque no le garantizaba la victoria. En circunstancias normales, la actualización de ese censo se limitaría a incluir a los descendientes directos de las personas ya registradas en él. Sin embargo, esta ley española introduce un caballo de Troya, ya que permitirá que el ocupante impugne el proceso internacional alegando que hay miles de supuestos saharauis que no figuran en las listas de la ONU. Estos individuos serán en realidad colonos marroquíes con documentación española falsificada u obtenida de forma fraudulenta. De este modo, Marruecos no solo vacía el territorio de disidentes, sino que boicotea legalmente el censo con sus propios ciudadanos provistos de pasaporte español.

En el Frente Polisario: La mercantilización de la identidad

En el seno de los campamentos y la gestión del exilio, la necesidad de acreditar el origen saharaui para acceder a las vías que plantea la ley (como la carta de naturaleza) generará con toda probabilidad una peligrosa economía sumergida. Lejos de ser un proceso pulcro, se espoleará un mercado negro de compraventa de documentos oficiales, certificados de origen y avales institucionales. La burocracia del refugio corre el riesgo de convertirse en una aduana comercial donde la identidad saharaui deje de ser una condición política para transformarse en una mercancía de lujo.

La identidad saharaui, que se ha defendido con sangre, termina convertida en una mercancía para el mejor postor. Duele ver cómo esta ley, puede terminar manchando lo más sagrado que tenemos: quiénes somos.

Si alguien se considera verdaderamente prosaharaui, tiene el deber moral y político de votar en contra de esta ley. Es una propuesta discriminatoria, asimilacionista y lesiva para el futuro del Sáhara Occidental.

Por Héctor Bujari Santorum.

Fuente: Nueva Revolución.