Gaspar Zarrías, el que fuera vicepresidente en el Gobierno de la Junta de Andalucía presidida por Manuel Chaves entre los años 1996 y 2009, además de secretario de Organización del PSOE de Andalucía, secretario general del PSOE de Jaén y miembro del Comité Federal del PSOE también esta siendo investigado por el juez Santiago Pedraz en el caso Leire.

Zarrías ya fue condenado a nueve años de inhabilitación por el Tribunal Supremo en el marco del caso de los ERE de Andalucía pero ahora el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo está investigando junto al empresario Javier Pérez Dolset, el guardia civil Juan Sánchez Yepes y los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver según Europa Press.

Pedraz ha imputado al exsecretario de Organización estatal del PSOE, Santos Cerdán, y a Ana María Fuentes, gerente del partido, dentro de una causa en la que también se investiga a Leire Díez, exmilitante socialista. La investigación se centra en la posible existencia de una trama que habría intentado desestabilizar procesos judiciales relacionados con el PSOE.

De acuerdo con fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el magistrado instructor tomó esta decisión para esclarecer si el PSOE financió a esta supuesta red que buscaba obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y agentes de seguridad implicados en casos judiciales que afectaban a los socialistas.

Los nuevos datos señalan, presuntamente, que Leire Díez ejercía como «fontanera» del partido en la sombra en colaboración directa con el exsecretario de Organización Santos Cerdán, mientras que el dirigente andaluz Gaspar Zarrías la mantenía a sueldo a través de su sociedad Zaño Consultora S.L. Las viviendas de estos dos dirigentes también están siendo registradas esta mañana, así como el inmueble del empresario Javier Pérez Dolset.

La investigación de la UCO apunta que Díez, Fernández y Alonso podrían haber recibido 700.000 euros en comisiones ilegales. Según el auto del juez Antonio Piña, habrían operado cinco transacciones dudosas que involucraban a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI.

Este grupo, conocido como ‘Hirurok’, habría coordinado esfuerzos para influir en diversas decisiones administrativas para su beneficio o el de terceros. Según consta en la investigación, actuaron de forma coordinada entre 2021 y 2023, maximizando los beneficios económicos a través de comisiones, utilizando contratación y facturación falsificada.

El operativo permitió obtener resoluciones favorables desde distintas administraciones públicas, incluyendo la implicación de cargos públicos y empresas estatales, en los cinco casos bajo investigación.