El gobierno de Estados Unidos anunció el envío de 20 millones de dólares al gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia, bajo el pretexto de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El acuerdo, firmado el martes (16) por el ministro de Asuntos Exteriores boliviano Fernando Aramayo y la encargada de negocios de la embajada estadounidense en La Paz, Debra Hevia, se produce en medio de una crisis política marcada por protestas, controles y demandas de dimisión del presidente boliviano.

El dinero se destinará, según el Ministerio de Asuntos Exteriores boliviano, a la «cooperación técnica», la «formación» y la «compra» de equipos para instituciones de «seguridad pública», «investigación policial» y «lucha contra el crimen organizado». Es decir, un refuerzo directo por parte de Estados Unidos de los aparatos represivos del Estado boliviano precisamente en el momento en que sindicatos, campesinos y sectores vinculados al expresidente Evo Morales se movilizan contra el gobierno.

El carácter político de la medida es aún más evidente porque fue precedida por declaraciones de apoyo de altos funcionarios del gobierno estadounidense a Rodrigo Paz. El secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth expresaron su apoyo al presidente boliviano, quien comenzó a presentar las movilizaciones populares no solo como resultado de demandas legítimas, sino también de supuestos «intereses narcoterroristas».

El gobierno boliviano intenta poner la movilización popular en el mismo terreno que la acción policial. La supuesta «lucha contra el narcotráfico» es solo un pretexto para justificar la represión, los arrestos y la intervención extranjera.

El acercamiento entre el gobierno de Paz y Estados Unidos también marca un cambio profundo en la política exterior boliviana. Las relaciones entre ambos países se congelaron en 2008, cuando Evo Morales expulsó a la Administración de Drogas de EE. UU. (DEA) y al entonces embajador estadounidense Philip Goldberg, acusado de conspirar contra el gobierno boliviano.

Ahora, el gobierno de Paz está preparando el regreso de la DEA al país. En mayo, el ministro de Defensa Ernesto Justiniano anunció que la agencia estadounidense regresaría a Bolivia a través de una oficina en La Paz para intercambiar información policial. El propio ministro ya había confirmado en abril que Bolivia había reanudado las investigaciones conjuntas de casos de tráfico de drogas con la DEA.

En marzo, Bolivia también se unió al programa Escudo de las Américas de EE. UU., presentado como una iniciativa de cooperación contra el crimen transnacional. Pocos días después, la policía boliviana, en cooperación con los servicios de inteligencia de EE.UU. y países vecinos, capturó al uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz, quien fue entregado a la DEA ese mismo día y llevado a territorio estadounidense.

La operación sirvió como propaganda para el regreso de la presencia estadounidense en el país. Sin embargo, el propio vicepresidente boliviano, Edmand Lara, cuestionó la adhesión de Bolivia al programa y el regreso de la DEA. En un vídeo difundido por los canales de la vicepresidencia, Lara dijo que el Ministerio de Gobierno vendió la idea de que el programa estadounidense y la DEA serían una solución, pero que los hechos indican lo contrario. El vicepresidente también cuestionó si las instituciones bolivianas están defendiendo la seguridad del Estado o permitiendo la consolidación de una estructura para proteger el crimen organizado.

Bajo el lema de combatir el narcotráfico, el imperialismo estadounidense está ampliando su injerencia en un país estratégico de América Latina. El objetivo inmediato es la movilización popular contra Rodrigo Paz. El objetivo principal es devolver a Bolivia bajo el control directo de Estados Unidos, revirtiendo las medidas adoptadas en años anteriores contra la presencia de la DEA y contra las acciones conspirativas de la embajada estadounidense.

Fuente: DCO.