La sociedad catalana estaba a la espera de conocer la sentencia del Procés y se estaban preparando grandes movilizaciones para responder al embate judicial contra el referéndum del 1 de octubre. El 23 de septiembre, sin previo aviso, centenares de guardias civiles provenientes de Madrid desplegaron un operativo de madrugada para abotonar puertas y detener a miembros de los Comités de Defensa de la República en Sabadell (Vallès Occidental), Santa Perpètua de Mogoda, Cerdanyola del Vallès, Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) y Sant Pere de Torelló (Osona). Era lo que se había bautizado como Operación Judas. Comenzaba un largo periplo para siete independentistas, que pasarían más de tres meses tras las rejas de la cárcel de Soto del Real para después quedar en libertad con algunas medidas cautelares.

Durante cinco años esperaron la celebración del juicio, que en un primer momento se había fijado para el 1 de abril de 2024. La baja médica de uno de los abogados forzó su suspensión, en paralelo a la entrada en vigor de la ley de amnistía. Las defensas del caso, coordinadas por Alerta Solidària, y la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicitaron formalmente la aplicación de la amnistía y el archivo de la causa. Fue entonces cuando la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española (AN), presidida por el juez Félix Alfonso Guevara Marcos, decidió plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los magistrados españoles trasladaron dudas sobre si amnistiar delitos de terrorismo vulneraba las directivas comunitarias europeas.

Dos años más tarde, ha llegado la respuesta. En la sala tercera de audiencias del TJUE se ha leído, cuando pasaban unos minutos de las diez de la mañana, la sentencia en respuesta a la pregunta prejudicial de la AN. «No se opone a una ley de amnistía que para reducir tensiones nacionales y políticas, se amnistíes actos que no hayan causado graves vulneraciones de derechos humanos». Por tanto, considera que los investigados de la Operación Judas, que siempre fueron acusados en fase de tentativa, quedarían incluidos dentro de esta interpretación del alto tribunal europeo. En la misma sentencia también se han pronunciado sobre la aplicación de la amnistía a los líderes políticos del Procés, en respuesta a la prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas español, considerando que no se oponen a la extinción de las multas impuestas por este tribunal. Lo que no ha aclarado el TJUE es cuál será el desenlace de las órdenes de detención y de la cuestión de fondo del delito de malversación contra Carles Puigdemont y Oriol Junqueras que está en manos del Tribunal Supremo.

Desde la organización antirrepresiva Alerta Solidària, la abogada Eva Pous y el portavoz Martí Majoral han hecho una comparecencia de urgencia desde el casal La Cruïlla de l’Eixample de Barcelona. Han mostrado satisfacción por la decisión del alto tribunal europeo, que consideran «ha venido a darnos la razón en todo el planteamiento jurídico que habíamos venido defendiendo durante años» y han exigido que la Audiencia Nacional española ordene «de manera inmediata» el archivo del caso Operación Judas. También han querido enviar un mensaje de «apoyo y solidaridad» con todas las independentistas que durante años han sufrido la represión del poder judicial español.

Fuente: Directa.