En un comunicado, la Asociación Saharaui para el Monitoreo de Recursos Naturales y la Protección Ambiental en el Sáhara Occidental denuncia enérgicamente la decisión de la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA) de financiar estudios preliminares para un proyecto de producción de amoníaco verde desarrollado por ORNX en la ciudad ocupada de El Aiún.

El texto, al que se refiere el Sahara Press Service (SPS), afirma que el proyecto representa la primera financiación directa por parte del gobierno de EE. UU. de una iniciativa de inversión en el Sáhara Occidental y constituye «una grave escalada y una violación de las normas del derecho internacional».

Para la asociación, esta financiación no puede verse solo como apoyo económico o una inversión en energía limpia, representando «una implicación política y económica directa en la consolidación de la ocupación marroquí», y enviando el mensaje equivocado de que los recursos de un territorio en disputa pueden ser explotados sin el consentimiento de su pueblo.

Esto – refuerza la asociación – contradice el estatus legal del Sáhara Occidental como Territorio No Autónomo, cuyo proceso de descolonización aún no se ha completado, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU.

Los proyectos sin la aprobación del pueblo saharaui carecen de legitimidad

El texto subraya que cualquier proyecto económico, inversión o acuerdo relativo a los recursos naturales, tierras o infraestructuras del Sáhara Occidental, llevados a cabo sin el consentimiento del pueblo saharaui, carece de legitimidad legal y no puede crear derechos u obligaciones que afecten al estatus legal del territorio.

También señala que este principio ha sido reafirmado en las opiniones jurídicas de las Naciones Unidas y reforzado por sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han enfatizado que el Sáhara Occidental es un territorio separado y distinto del Reino de Marruecos, y que cualquier actividad económica relacionada con el territorio debe basarse en el consentimiento de su pueblo.

La asociación hace un llamamiento a la ONU y a su Consejo de Derechos Humanos para que intervengan con urgencia y detener la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui.

También insta a las empresas internacionales e instituciones financieras a abstenerse de invertir en el Sáhara Occidental ocupado, para evitar su implicación en actividades que puedan someterlas a responsabilidad y a procesos legales bajo los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Negocios y Derechos Humanos.

La asociación subraya que la paz genuina no puede construirse sobre la explotación de territorios ocupados ni sobre inversiones en los recursos de un pueblo que aún no ha ejercido su derecho a la autodeterminación. De la misma manera, dice, el desarrollo no puede servir como sustituto de la justicia, ni los intereses económicos pueden sustituir el respeto a las normas del derecho internacional.

Rechazo de la autopista entre Tiznit y el futuro puerto atlántico de Dakhla

La decisión de nombrar la autopista que conectará la ciudad de Tiznit, en el sur de Marruecos, con el futuro puerto atlántico de Dakhla, en el Sáhara Occidental ocupado, tras el reconocimiento, por parte de la primera administración Trump, de la soberanía de Marruecos como potencia ocupante sobre el Sáhara Occidental como «Autopista Trump».

Con esta denuncia, el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM) también llama la atención sobre el desarrollo que ha tenido lugar en los últimos años en las relaciones Marruecos-Estados Unidos, «con la financiación militar de las fuerzas de ocupación marroquíes, especialmente en relación con el muro militar de 2700 km», que divide el Sáhara Occidental en la zona ocupada y la zona liberada y, En consecuencia, «familias exiliadas y sus familiares bajo ocupación, represión y tortura».

Mientras tanto, el MDM recuerda el acuerdo que condujo al alto el fuego de la Guerra por la Independencia del Sáhara Occidental en 1991 a través de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), que incluía en su mandato la celebración de un referéndum para evaluar la opción de la población saharauí: elegir entre la integración en Marruecos o la independencia. Un referéndum que, 35 años después, aún no se ha celebrado.

Por otro lado, el MDM destaca los despojos de recursos naturales, derechos sociales, políticos y económicos del pueblo saharauí, además de los «sucesivos intentos de silenciar a un pueblo que no tiene derecho a expresarse en su lengua materna, Hassanyia, ni a vestir trajes tradicionales, como el mehlfa».

Fuente: Abril Abril.