El presidente del gobierno español ha convocado elecciones para el 29 de noviembre en el Estado español. La pata izquierda (PSOE) del régimen político del 39-78, que viene turnándose con su pata derecha (el Partido Popular) desde 1982 se vienen turnando en la Moncloa, busca instrumentalizar la indignación social por la vivienda hacia un desvío electoral: una nueva trampa del “mal menor”.

La convocatoria se produce en un contexto de profundo descontento social por todas las renuncias que acumula desde 2018 el «gobierno progresista» estatal y su tolerancia con las organizaciones de ultraderecha y neonazis que avanzan en todos los ámbitos. El malestar social ha cristalizado en el problema del precio de la vivienda, tanto de los alquileres como de la vivienda en venta, que ha provocado en las últimas semanas amplias movilizaciones y decenas de acampadas de jóvenes en decenas de ciudades de todas las naciones del estado español.

No hay que olvidar que los que gobiernan el Estado español hace ocho años son los “progresistas” del PSOE, primero con Unidas Podemos, y después con Sumar. Son ellos los responsables inmediatos de la situación actual que viven las clases populares.

Instrumentalizar el descontento que su Gobierno ha creado

La apuesta de Sánchez es pasivizar e instrumentalizar la movilización por la vivienda para recuperar el voto que la «coalición progresista» ha ido perdiendo producto del desencanto o la frustración con las promesas incumplidas, la crisis la vivienda, la presencia creciente y tolerada de grupos nazifascistas, los salarios que crecen por debajo de la inflación, los casos de corrupción en la cúpula del PSOE, entre otras crisis sociales.

Sus socios de gobierno (Sumar) y Podemos pretenden volver a institucionalizar las movilizaciones descaradamente, apuntando a mejorar sus posiciones parlamentarias para seguir siendo muleta de un nuevo gobierno Sánchez.

Incluso la convocatoria de «huelga general» por la vivienda, tan necesaria en todos estos años, parece que podría darse ahora por parte de los sindicatos vendeobreros CC.OO y UGT justo antes del inicio de la campaña electoral, en un intento de reforzar la canalización del descontento creado por el gobierno PSOE-Sumar en su propio beneficio.

Esta convocatoria se produciría 8 años después de la última huelga que convocaron. Y es que desde 2018, CCOO y UGT no convocan un paro general de 24 horas.

La nueva trampa del “mal menor”

La derecha del PP junto con Vox apuesta a llegar al gobierno estatal, con un discurso reaccionario contra la migración. Acaban de votar en contra en el Congreso de medidas mínimas como frenar los desahucios, en defensa de los especuladores y los fondos buitres, mientras agitan el señuelo del chovinismo español cristalizado en la crisis de Ceuta.

El malmenorismo tiene un efecto en la población desmovilizada y atemorizada ante el crecimiento de la ultraderecha, y Pedro Sánchez lo sabe. Sánchez llegó a la Moncloa prometiendo que no habría “ni un desahucio más”, pero se siguen ejecutando más de 45 desahucios al día en el Estado español. La Ley de Vivienda de 2023, presentada como histórica por PSOE y Unidas Podemos, no ha frenado la escalada de los alquileres. Mientras, el primer casero de Andalucía es la entidad bancaria con sede en Barcelona Caixabank, con 7.500 contratos de alquiler en nuestro país.

Mientras los servicios públicos se deterioran y el IPC sigue bajando los salarios, el Gobierno del PSOE y Sumar ha comprometido más de 60.000 millones de euros en gasto militar mientras financia la ampliación de las bases estadounidenses de Rota y Morón en nuestro país. Sigue siendo miembro de la OTAN imperialista y manitenen más de mil soldados en el mar Báltico. Además, fomenta una mayor militarización de Andalucía construyendo la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba o implantando una nueva batería antimisiles en San Roque.

El «gobierno de progreso» estatal se presenta como amigo del pueblo palestino, pero siguió comerciando armas con Israel. Reconoció el plan colonial de Marruecos en el Sáhara Occidental como «la opción más realista» volviendo a traicionar al pueblo saharaui. Y la Ley Mordaza, que Sánchez prometió derogar en cuanto gobernara, la han utilizado contra quienes se movilizan.

Esta es la fórmula que Sánchez representa y que vuelve a querer presentarse como una alternativa para frenar la “ola derechista” cuando son sus propias políticas las que han alimentado el malestar del que se nutre la derecha y la ultraderecha.

Andalucía no esperar nada del 29N

Desde Andalucía, solo podemos contemplar este circo con la más absoluta desconfianza. Nuestro rol como colonia del Estado español, como nación oprimida que no ha mejorado ni un ápice su estatus político con el «gobierno progresista» español desde 2018 sino que ha empeorado sustancialmente, debe ser contestado.

La lucha por la vivienda y contra la gentrificación de nuestros barrios, por la sanidad y la educación, contra el paro y el empobrecimiento de la clase trabajadora, es una parte más de la lucha por nuestra liberación social y nacional.

En este sentido ninguna solución vendrá desde Madrid. Nada puede esperar el pueblo andaluz del 29N. Solo fortalecer la organización popular andaluza y avanzar hacia la constitución de la República Andaluza de Trabajadoras puede liberarnos de este espectáculo en el que, sea con la pata izquierda o con la derecha, el régimen del 39-78 nos pisotea.