La Ley de Universidades para Andalucía «pone en manos de los oligopolios a todo el pueblo trabajador andaluz»

Edificio del rectorado de la Universidad de Córdoba. (UMA)

El gobierno del Partido Popular acaba de aprobar la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) que ha sido rechazada por organizaciones de estudiantes, sindicatos y profesorado universitario.

El partido Nación Andaluza denuncia que «no ha contado con sindicatos ni organizaciones estudiantiles para su elaboración y que pretende dar un paso más en la privatización».

Nación Andaluza rechaza esta ley «que no garantiza el 1% del PIB en inversión universitaria ni asegura el 100% de la financiación de los gastos básicos y salarios, obligando a las universidades públicas a cubrir el 25% de su presupuesto con recursos propios». Así «se expone obligatoriamente a las universidades públicas a los intereses del capital».

Denuncia que «favorece la expansión de universidades privadas en detrimento de la pública y que les dará acceso y voto en el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria. De forma que teniendo en cuenta que hay diez universidades públicas y cinco privadas (además de otras seis privadas en proceso de autorización) supondrá darle a la oligarquía que está detrás de estas universidades la hegemonía».

Otro aspecto lesivo para el alumnado es que «se impone la exigencia de un nivel B2 de idioma extranjero para obtener títulos de grado sin la existencia de suficientes plazas en las Escuelas Oficiales de Idiomas, lo que obligará al alumnado a buscar y pagar una formación privada».

La formación independentista concluye que «la LUPA forma parte del proyecto de Moreno Bonilla para poner en manos de los oligopolios no solo a la economía, sino a todo el Pueblo Trabajador Andaluz».

Nación Andaluza considera que es necesario reformar las universidades andaluzas, pero «la orientación de estos cambios debe ser diametralmente opuesta». Eliminar todas las iniciativas de introducir empresas privadas en las universidades, garantizar la gratuidad de las universidades públicas andaluzas (incluidos los postgrados universitarios), acabar con la extendida precariedad que sufren los docentes e investigadores y paralizar la autorización de nuevas universidades privadas son algunas de sus propuestas.

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